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El dictamen del juez federal de Esquel, Guido Otranto, alcanza a un grupo de manifestantes que increpó a Alberto Fernández, durante su visita a Lago Puelo en el marco de catástrofe ignea .
El juez federal de Esquel, Guido Otranto, procesó y dispuso la prohibición de salida del país de nueve manifestantes, acusados de daño agravado y estorbo a un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por la agresión al presidente Alberto Fernández cuando visitó Chubut a raíz de la emergencia vivida en la Comarca Andina por la catástrofe ignea del 9 de marzo.
El magistrado dictó embargos que van desde los 80 a los 500 mil pesos, y fijó la prohibición de salida del país para los imputados.
El hecho tuvo lugar, a cuatro días del trágico incendio , cuando el 13 de marzo pasado el mandatario nacional y su comitiva pasaban por el Centro Cultural de Lago Puelo, una de las localidades afectadas por los incendios forestales en la cordillera de Chubut.
En ese momento, manifestantes arrojaron piedras y golpearon después los vidrios del vehículo presidencial ante la total ausencia de custodia, lo que produjo la suspensión de las actividades oficiales de ese día.
El hecho se produjo luego de que bajara del avión que lo llevó a la provincia de Chubut, donde recorrió los lugares afectados por los focos ígneos.
Con una bandera con la inscripción «No al saqueo de la minería» y gritos de «El agua no se vende», los manifestantes rechazaron los proyectos para rezonificar áreas cordilleranas para permitir las actividades de «megaminería».
Los acusados «tuvieron intervención activa en el ataque realizado por varias personas que -en grupo- lanzaron golpes de puño, patadas y piedras contra la camioneta en la que el Presidente de la Nación y la comitiva de funcionarios que lo acompañaba se disponían a recorrer la zona afectada por los incendios forestales en Lago Puelo y sus alrededores en la provincia del Chubut», dijo el juez en su resolución.
«Las manifestaciones de protesta en la vía pública están protegidas por el derecho de reunión en tanto sean realizadas de manera pacífica», apuntó el magistrado.
Sobre ello, Otranto aclaró: «Es especialmente esclarecedora la filmación que registró el momento en que la camioneta inicia su marcha, dejando al camarógrafo detrás. Esto permitió observar la intervención que tomaron varias de las personas imputadas».
