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Intendentes repudian violencia contra funcionarios e instalaciones públicas

Lo hicieron a través de una nota enviada al Ministerio de Coordinación de Gabinete. “Resulta irracional atentar contra los funcionarios públicos que están buscando soluciones en beneficio de los propios trabajadores”, expresaron los intendentes Iván Fernández, Mirco Szudruk, Antonio Reato, Jorge Seitune, Mario Pichiñán y Valeria Campos.
El Gobierno recibió este viernes una nota firmada por intendentes de la zona cordillerana que expresaron su apoyo a la gestión provincial y el “repudio y rechazo” a los hechos protagonizados por algunos trabajadores de Alpesca en la sede de Corfo, tras una reunión en la que participaron el viceministro coordinador de Gabinete, Federico Ruffa, y la ministra de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, Gabriela Dufour.
La nota fue enviada al Ministerio de Coordinación de Gabinete que encabeza Miguel Castro y lleva la firma de los intendentes Iván Fernández, de Lago Puelo; Mirco Szudruk, de El Hoyo; Antonio Reato, de Epuyén, Jorge Seitune, de Tecka, Mario Pichiñán, de Paso de Indios; y Valeria Campos, de Cholila.
“Los intendentes firmantes hacemos público nuestro repudio y rechazo a la irracional conducta de quienes confunden el derecho a peticionar a las autoridades con conductas excesivas, punibles por el Código Penal”, dice la nota, que hace alusión a “los desmanes producidos por trabajadores de la empresa privada Alpesca que afectaron la libertad personal de los funcionarios y destruyeron instalaciones y bienes de la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO)”.
“Llamamos a la reflexión entendiendo que el derecho al trabajo está incluido en todas las constituciones del mundo pero, inevitablemente, tal derecho cesa cuando las empresas se tornan inviables, como es el caso de empleadores que caen en estado de quiebra o de acefalía”, agrega la misiva.
“Resulta irracional atentar contra los funcionarios públicos que están intentando encontrar soluciones paliativas, y en beneficio precisamente de sus propios agresores”, añade.
“Alpesca, una firma que ha sido muy importante, es una de las tantas empresas privadas ubicadas de Chubut. El Estado no tiene por misión el salvataje de empresas privadas que, por mal manejo, irresponsabilidad o falta de capacidad empresarial no pueden continuar con su funcionamiento. Pero, atento a su trascendencia por su número de trabajadores e impacto social, el Estado Provincial decide intervenir para paliar la situación hasta que se encuentre la salida del problema. Y la agresión de los propios beneficiarios conspira contra sus propios intereses”, continúa.
En este sentido dice: “La violencia no conduce a la paz social y sin paz social no existen soluciones constructivas. Si los trabajadores actúan así contra los funcionarios que buscan ayudarlos, qué garantías se ofrecen a eventuales inversores privados que pudieran interesarse en recuperar el funcionamiento y competitividad de la que fuera una pujante empresa. Por más violencia que se emplee, no se resolverá la situación de los trabajadores. Esto lo deben entender el minoritario grupo que recurre a la fuerza y sus eventuales instigadores”.
La nota firmada por Fernández, Szudruk, Reato, Seitune, Pichiñán y Valeria Campos concluye: “Hacemos votos para que quienes se equivocan en las vías de peticionar ante las autoridades recapaciten y los funcionarios intervinientes puedan -una vez recuperada la paz social- hallar soluciones que aseguren la viabilidad y continuidad de esa fuente de trabajo y de producción”.