Ex ministra Otarola y otros deberán rendir cuentas a la justicia

Tras la serie de allanamientos realizados en el marco de investigación identificada como “ Ñoquis Caliente”, relacionada con al menos 24 contrataciones irregulares, que tienen como protagonista a Cecilia Torres Otarola, durante su paso por la legislatura y el ministerio de familia del Chubut, la semana que viene el fiscal Omar Rodríguez solicitará la apertura de la apertura del inicio de causa para la exministra y sus colaboradores. Se sabe que un porcentaje del sueldo de algunos de sus asesores, mediante transferencias bancarias era transferido y pasaba a engrosar a la cuenta de la ex funcionaria.

Otarola, dejó su cargo en el ministerio el pasado 1º de Julio, a pesar de ello los agentes judiciales que llevaron adelante orden de allanamiento en la oficina del ministerio de familia, se encontraron que la mujer se encontraba allí, aunque no ofreció resistencia alguna ni se habría mostrado molesta ni mucho menos incomoda por el procedimiento.
A dicho allanamiento en principio se sumaron otros dentro del círculo cercano involucrado en contrataciones bajo la figura de asesores y secretarios.
Los investigadores a esta altura, se encuentran en condiciones de confirmar que se detectaron movimientos entre cuentas bancarias de algunos de los contratados, que transferían un porcentaje del monto de sus “sueldos” a la cuenta de Cecilia Torres Otarola; suma que rondaría el millón y medio de pesos, montó que no llegó a acrecentarse ya que los contratos en cuestión se habrían realizado entre enero y febrero de este año.
Entre las contrataciones investigadas, figura su niñera y un jardinero peruano que vive en Buenos Aires; además también entre los contratados está un hijo de una subsecretaria que vivía en Buenos Aires y se encontraba estudiando en la universidad.
Según el propio fiscal Rodríguez, en dialogo con FM Tiempo, la ex ministra en su paso por la legislatura, le exigía a sus asesores el 50 % de sueldo para beneficio propio.
En este primer tramo de la investigación son siete funcionarios actuales implicados.
Por su parte el procurador general Jorge Miquelarena ratificó que hay elementos para avanzar en la Justicia y dejó entrever que están investigando más casos que están bajo sospecha en la administración pública.