El Bolsón: Para Aguiar, “las expresiones de Carreras, Pogliano y López afectan la división de poderes”

Aseguró que “preocupa semejante injerencia porque se transforma en una presión para quienes deben garantizar independencia en sus fallos”.
Luego de los duros cuestionamientos por parte del poder ejecutivo y legislativo provincial al fallo judicial que rechazó el desalojo de las familias ocupantes de tierras en El Bolsón, el secretario adjunto de ATE Nacional y secretario general de la CTA Autónoma Río Negro, Rodolfo Aguiar, apuntó directamente contra la gobernadora Arabela Carreras, el intendente Bruno Pogliano, y el legislador Facundo López: “Se trata de una clara afectación de la división de poderes como principio esencial en el que se asienta toda República”.

El dirigente sentenció que «resultan altamente preocupantes este tipo de declaraciones” y sostuvo que “es muy difícil de aceptar semejante injerencia de los poderes ejecutivos y legislativos porque los mismos se convierten en una verdadera presión para torcer decisiones de otro poder que debe obrar con absoluta independencia». El juez federal Gustavo Zapata fue quien emitió la decisión negando el desalojo de más de 160 familias en la zona cordillerana.

«Creo que el gobierno provincial tiene hoy un problema y es que el nacional no va a decidirse jamás por el punitivismo para resolver este tipo de conflictos. Si quieren ver desalojos, van a tener que esperar sentados», aseguró Aguiar y agregó: «Las ocupaciones de ninguna manera son un delito, sin embargo que desde el Estado se niegue el acceso a la tierra y vivienda digna sí lo es. Se trata de un derecho constitucional comprendido en el artículo 14 bis de la carta magna y además tutelado también por la Ley 26.737″. En sus declaraciones previas, la gobernadora admitió la imposibilidad de resolver la situación habitacional de las familias a corto plazo.

Aguiar respaldó concretamente “decisión de este juez federal porque la lucha de la gente por acceder a un pedazo de tierra no puede ser criminalizada”, afirmando que “no se puede ofrecer resolver los problemas de vivienda con balas». «Pensar en reprimir las ocupaciones pacíficas de tierras que realizan pobres que tienen hambre, no sólo es una política antipopular, sino que constituye un crimen de lesa humanidad contra todo el pueblo», concluyó.