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Ante la posibilidad de estar frente a lo que llamó “una banda organizada” a partir de conocer y reunir más pruebas que siguen surgiendo a lo largo de la investigación que ya lleva más de un año, Alejandro Franco representante del Ministerio Público Fiscal en la causa de la Lotería del Chubut, logró que el juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase considerara a la causa como “compleja” y por tal motivo ampliar los plazos procesales de la investigación.
Como resultado de una audiencia realizada este jueves por el sistema de video conferencia, además se agravó la situación procesal de algunos de los imputados, a la vez que a instancias de los mismos investigadores otros fueron sobreseídos en relación a los cargos originales.
La profundización de la investigación mostró además lazos cada vez más estrechos entre los imputados en esta causa con algunos de la denominada causa “Embrujo” que ya tiene condenados que cumplen prisión efectiva. En general en la audiencia los abogados defensores no pusieron objeciones a los argumentos esgrimidos por Franco.
Muchos imputados
Franco pidió que la causa sea considerada como “compleja» debido a la gran cantidad y variedad de hechos a investigar, la cantidad de imputados involucrados y también la presunción en esta etapa procesal, de que los imputados podrían haber actuado como “una banda organizada”, tal como lo expresó. Se trata de ex funcionarios públicos, particulares que se sospecha cumplieron el papel de testaferros y ex intendentes. El marco para cometer los delitos investigados, fueron algunas de las fiestas provinciales y la logística para los Campeonatos Evita, entre otras maniobras.
Josué Dahur, ex gerente de Relaciones Institucionales del IAS jugó un rol importante en las maniobras investigadas. Sobre éste pesa una imputación más en su contra. Es la de falsificación de instrumento privado junto a Jordán Salinas y Martín Villegas (presuntos testaferros de la empresa Sono Eventos cuyo propietario verdadero sería el ex funcionario).
En la audiencia Franco detalló que se falsificaron los presupuestos de dos empresas del mismo rubro que para beneficiarse con la contratación por parte del Municipio de Cholila a fin de realizar todo lo atinente al sonido y la iluminación de las Fiesta Provincial del Asado en las versiones 2017 y 2018.
A Salinas y Villegas los une la imputación de haber sido partícipes del delito investigado. La abogada defensora de Dahur, Laura Fernández, no hizo objeciones a lo planteado por Franco.
Cabe destacar que en esta causa también se encuentra imputado el intendente de Cholila, Silvio Boudargham. Es por el delito de negociones incompatibles con la función pública.
El vínculo con la causa “Embrujo”
Diego Correa que cumple prisión efectiva al ser condenado en la causa “Embrujo”, también es investigado en esta causa que lleva adelante Franco. Sepat, una de las empresas que creó para hacer negocios con el Estado mientras ocupaba la titularidad de la Unidad Gobernador durante la gestión del extinto Mario Das Neves, también era contratada por Dahur mientras éste ocupaba el cargo de gerente de Relaciones Institucionales del IAS. Franco le sumó el delito de negociaciones incompatible con la función pública al contratar de manera directa en tres ocasiones a la empresa SEPAT cuya titularidad se le atribuye a Correa. En este caso se contrataba a Sepat el servicio de transporte de artistas y personas de la organización a distintos puntos de la provincia mientras se desarrollaban las fiestas provinciales. SEPAT (Correa) prestaba ese servicio al IAS (Dahur) mediante el uso de una camioneta tipo minibús marca Hyundai H1. Este vehículo fue secuestrado en marzo del año 2017 en el marco de la causa “Embrujo”. Por este hecho, a Diego Correa se le suma la imputación por el delito de partícipe necesario. En este caso los defensores de ambos imputados tampoco pusieron objeciones a lo solicitado por parte de Franco.
Chubut Deportes y los juegos Evita
En la audiencia Franco pidió además al Juez Nieto Di Biase que, por los delitos ya imputados a los ex directivos de Chubut Deportes, Walter Ñonquepan y la contadora Damaris Molinero, se hacía necesario modificar algunas calificaciones. Ambos estaban imputados del delito de cohecho pasivo al haber recibido dinero por la contratación de la empresa Sono Eventos, que entre su variedad de prestaciones también distribuía las viandas a los participantes de las selecciones deportivas de Chubut, durante los juegos Evita del año 2018.
Franco detalló nuevos datos que surgieron de la forma en que se sospecha se habrían hecho de dineros públicos. El fiscal explicó que Chubut Deportes pagaba la contra prestación por el servicio de viandas a través de cheques y mediante una cadena de endosos. El último de ellos, fue el medio de pago del soborno.
Por ello se imputa de cohecho activo a Martín Villegas, representante de Sono Eventos, mientras que de cohecho pasivo, al ex presidente de Chubut Deportes, Ñonquepan, y a Molinero, contadora del organismo.
El defensor Miguel Moyano, que representa a Ñonquepan, no hizo objeción alguna. Tampoco el abogado de Molinero, Juan José Servici. Este solo pidió que en el marco de la investigación en marcha, se realice una pericia caligráfica para deslindar las responsabilidades de su representada.
Pedido de Franco: sobreseimientos a imputados de El Hoyo
Continuando con su exposición, el fiscal solicitó el sobreseimiento de Héctor Ponce, Daniel Cárdenas, Emanuel Silva y Josué Dahur, imputados por el delito de cohecho pasivo y activo respectivamente. Para Franco el avance investigativo permitió esclarecer las circunstancias de los hechos y el nivel de responsabilidad de algunos de los imputados.
En la investigación que se lleva adelante, fueron importantes los testimonios de empleados de la Municipalidad de El Hoyo donde Cárdenas era el intendente y en donde también Silva y Ponce cumplían funciones. Este municipio había contratado también a la empresa Sono Eventos, en el marco de la Fiesta Provincial de la Fruta Fina.
Los testigos explicaron que la modalidad de pagos para los artistas y prestadores que se contrataban, consistía en abonar el dinero en el mismo fin de semana en que se desarrolla el evento. Se había establecido esta modalidad porque la mayoría de los contratados eran foráneos y se retiraban de la localidad al terminar su participación. Coincidieron en que era dificultoso el procedimiento administrativo y también el horario bancario para el pago del servicio efectuado. Por lo tanto se realizaba una orden de pago a favor del municipio para cobrarlo en plazo hábil y de esta manera se adelantaba efectivo para cubrir luego con las obligaciones.
Esas declaraciones testimoniales, sumado el ejemplar de la orden de pago obrante en el municipio, fueron suficientes para que Franco pidiera el sobreseimiento de los imputados.
Finalmente, cerca de las 14 horas y sobre el final de la audiencia, al momento de resolver, el juez de garantías Di Biase prorrogó el plazo de investigación y dio el visto bueno al tratamiento de caso complejo.
-Producido por el Área Comunicación Institucional, Oficina Rawson.
