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En la tarde de hoy, haciendo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, se dispuso la rebeldía y captura de las dos personas identificadas como ocupantes de un predio privado en la zona de El Foyel. La acusación había requerido además el “urgente desalojo del campo”, que no fue otorgado ante la ausencia de los acusados.
El Fiscal Jefe Martín Lozada expresó en este sentido que: “Es claro que no puede mantenerse esta ocupación ilegal en un sitio que, como ya ha sido acreditado, ocasiona un perjuicio real, actual y manifiesto a los titulares del inmueble”. Agregó además que “permitir la continuidad de los ocupantes constituiría un desatino procesal”.
Los imputados no se hicieron presentes en la audiencia que tuvo sendos retrasos por el cambio de defensor por ellos realizado. Su presencia, vía zoom, se había dispuesto en sede del Juzgado de Paz de El Bolsón, lugar donde no se hicieron presentes.
En este sentido el Fiscal de caso, Francisco Arrien destacó que, ambos “están debidamente notificados y pueden perfectamente acercarse al edificio del Poder Judicial de Río Negro en El Bolsón. Entiendo que es una dilación por parte de la defensa y no se ajusta a la realidad, por lo que solicitaré se declare la rebeldía y se fije captura, no hay otra manera que comparezcan. Hay una intencionalidad de no ajustarse a derecho».
El Juez de Garantías interviniente Ricardo Calcagno consideró que no alcanzaron los argumentos de la defensa para justificar tal ausencia, haciendo lugar a la medida.
No obstante consideró que una medida cautelar como el desalojo requiere en el fuero penal, de la presencia de los imputados y su permanencia en la totalidad de la audiencia.
Antes de finalizar la instancia procesal, Lozada adelantó que el Ministerio Público Fiscal apelará tal decisión que había sostenido enfáticamente con la adhesión de la querella, en la convicción de que permitir la ocupación ilegítima “agravaría aún más la muy delicada situación” de las víctimas a quienes, además “se los perpetuaría en tal condición”.
“La presencia inicialmente subrepticia y actualmente amenazante de los imputados en el lugar, constituye el núcleo duro de la restricción de derechos sufridos por las victimas”.
“Una ocupación así no debe continuar en el tiempo pues atenta contra quien de por si ya es victima de un proceder ilícito y carente de todos sustento legal”, expresó el Fiscal Jefe.
Todas las manifestaciones de la Fiscalía contaron con la adhesión de la querella. En tanto la Defensa hizo reserva de impugnación a la primera determinación jurisdiccional en relación a la rebeldía y captura.
