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El Fiscal de Estado denunció a los padres que obstaculizan los derechos a trabajar y estudiar

Esta mañana, el Fiscal de Estado se presentó ante el Procurador General por las tomas de escuelas en Comodoro Rivadavia. Sucede luego de que más de 100 docentes manifestaron que se les impide trabajar. La ocupación de escuelas estaría encuadrada en delitos que tienen penas de hasta tres años.
En la mañana de hoy el Fiscal de Estado, Blas Meza Evans, presentó ante el Procurador General, Jorge Miquelarena, una denuncia penal contra los padres que mantienen ocupadas 26 escuelas de Comodoro Rivadavia, impidiendo el normal dictado de clases.
La denuncia acusa a los ocupantes de las escuelas de los delitos de usurpación, coacción, atentado y resistencia a la autoridad y daño, de acuerdo con lo previsto por el Código Penal en sus artículos 149, 181, 183 y 237. Según la normativa, los autores de las tomas enfrentarían penas de prisión de hasta tres años.
De acuerdo con lo expresado en el escrito, este comportamiento “obstaculiza el derecho de recibir educación por parte de los alumnos y el derecho de trabajar de docentes que no se encuentran en medida de fuerza y no pueden hacer efectiva sus tareas”.
Según explicó el propio Meza Evans, “esta denuncia se produce luego de que en reunión de gabinete se instruyera a la Fiscalía de Estado para que adopte todas las medidas legales necesarias para la apertura de los establecimientos escolares de Comodoro Rivadavia que se encuentran tomados por los padres”.
“En cumplimiento de esta instrucción, se radicó la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, requiriendo medidas urgentes que permitan el regreso de los alumnos a las aulas”, agregó.
Pruebas
El escrito presentado por el Fiscal de Estado fue acompañado por las denuncias presentadas por más de un centenar de docentes ante la Secretaría de Trabajo, donde informaron su voluntad de prestar servicio y el impedimento que representa la clausura de las escuelas –incluso con colocación de cadenas- por parte de algunos padres.
Asimismo, la denuncia está acompañada por documentación procedente de actuaciones policiales.
En los documentos presentados ante el Ministerio Público Fiscal, además, se identifica a varios de los ocupantes de las escuelas.