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El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en su sesión del jueves pasado, aprobó un pronunciamiento de rechazo al Marco Regulatorio de la Actividad Minera impulsado por el Gobierno de la Provincia del Chubut.
Entre sus considerandos la resolución de dicho consejo universitario, afirman que el proyecto en cuestión, a pesar de haber sido retirado de la legislatura, según el propio ejecutivo provincial se volverá a presentar, y forma parte del gobierno nacional y provincial que apunta a consolidar y a expandir el modelo extractivo de la minería a gran escala o megaminería.
A demás de la postura firme de rechazo al “Marco Regulatorio de la Actividad Minera”, pronunciada desde la universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a través del consejo de la facultad de humanidades y ciencias sociales, se aprobó un pedido a los legisladores nacionales , sobre el cambio de la Ley de Minería, con el fin de crear las posibilidades de un marco regulatorio muy diferente al propuesto hasta ahora.
Razones del rechazo
En el informe, difundido por Sebastián Sayago, docente y consejo en el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales UNPSJB, se citan las siguientes razones en cinco ítems, como justificativo del pronunciamiento de rechazo por parte de dicho consejo universitario:
1) Las leyes nacionales que regulan la actividad minera establecen un modelo extractivo altamente perjudicial para el Estado nacional en términos económicos. Se fija un porcentaje casi insignificante en conceptos de regalías, se establecen grandes ventajas impositivas y se definen mecanismos de control extremadamente laxos, lo que configura un sistema de explotación propio de un vergonzoso capitalismo dependiente.
2) La megaminería es una actividad productiva perjudicial en varios aspectos: genera escasos puestos de trabajo en relación con la envergadura de los emprendimientos, consume enormes cantidades de agua y de energía, deteriora el medioambiente y genera enclaves que operan como Estados soberanos dentro del Estado nacional.
3) La megaminería es una actividad productiva que, dada su escala, no puede ser controlada por Estados de países más desarrollados que el nuestro. Esta situación nos hace pensar que es difícil que un Estado provincial argentino pueda ejercer con eficiencia el rol de contralor.
4) El Gobierno provincial afirma que la megaminería es la única alternativa de desarrollo en zonas específicas, tal como la Meseta Central. Pero esto no es cierto, ya que, desde hace tiempo, se sabe que hay grandes acuíferos subterráneos que podrían revertir en poco tiempo el efecto de las sequías y generarían alternativas económicas sustentables, muchas de las cuales son compatibles con la tradición cultural de las poblaciones originarias de la zona. Es decir, con el agua disponible, se podría desarrollar un modelo económico ecológico, inspirado en una relación de respeto hacia la naturaleza.
5) El Gobernador Martín Buzzi anunció en reiteradas ocasiones que la política minera iba a ser objeto de un debate público, amplio y democrático. Sin embargo, ese debate nunca se realizó. El gobierno busca obtener la denominada «licencia social» sin escuchar la voz de investigadores especializados en el estudio de las consecuencias ambientales, sociales y legales de la actividad minera. También ha dejado fuera del debate a numerosas organizaciones sociales y políticas que sostienen posicionamientos reflexivos y válidos.
Por las razones expuestas, solicitamos al Gobierno provincial que desista definitivamente de su intención de aprobar el Marco Regulatorio de la Actividad Minera. Lo instamos a buscar alternativas de desarrollo económico que sean sustentables y verdaderamente inclusivas.
