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El juez de garantías Gustavo Castro dejó abierta la investigación contra 24 imputados por los desmanes, incendios, daños y robos que se produjeron el día 16 de diciembre pasado en el marco de las movilizaciones en contra de la Ley de Zonificación minera que había sancionado la Legislatura del Chubut. A este número de imputados se le suman dos menores de edad que no concurrieron a la audiencia.
“Hasta el momento hay elementos suficientes que permiten presuponer de que se produjeron delitos”, dijo al momento de resolver el juez de garantías. El plazo de investigación es el que establece el Código Procesal Penal, de seis meses.
Policías sin estrategias
En su introducción, el fiscal general, Fernando Rivarola, se refirió al accionar policial destacando que el día 16 de diciembre “el día más álgido de los disturbios” se advirtió “una ausencia de una estrategia de seguridad que debió ser planificada por las más altas autoridades” en alusión al Ministerio de Seguridad Provincial, “responsable político”, y la Jefatura de Policía. Destacó en este sentido que “todo el radio céntrico de la ciudad de Rawson, lugar de asiento de los edificios centrales de los tres poderes del Estado provincial, quedó prácticamente a merced de los manifestantes”.
Agregó que hubo una “ausencia total o al menos en número suficiente de agentes del orden que debían velar por la seguridad de los ciudadanos y de los bienes -públicos y privados- en el ejido urbano de la ciudad capital”.
Así –continuó Rivarola- se produjo “la oportunidad para que grupos minúsculos, mezclados entre quienes se manifestaban legítimamente en contra de la sanción de la ley, tomaran fuerza y de modo desorganizado, improvisados y sin ningún tipo de planificación previa, emprendieran una sucesión de acciones violentas”.
Fuego y saqueos
Agregó que “arrojaron elementos contundentes con el propósito de desplomar los vidrios de los edificios públicos, para luego ingresar en los mismos e iniciar focos ígneos, valiéndose de los recursos existentes en las oficinas -hojas, libros, carpetas-, así como, saquear las cosas del lugar -computadoras, matafuegos, botellones de agua, etc.”.
También expresó que “a medida que estos grupos no encontraban resistencia, la efervescencia fue creciendo tomando la vía pública a su antojo y emprendiendo, con elementos rudimentarios, contra los edificios públicos. Así fueron atacadas, la casa de Gobierno, la comisaría de Rawson, la Sección Finanzas de la Policía Provincial, el Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía de Rawson, la Legislatura Provincial, el Juzgado Federal, las oficinas de SEROS, el edificio del Ministerio de Educación y otros organismos del estado, aunque también algunos comercios y propiedades privadas”.
Los 24 imputados
Los imputados por una variedad de delitos según cada caso fueron Nicolás Alejandro Díaz, Lourdes Molina Leguiza, Mauricio Vargas, Brian Díaz, los menores L.M. y G. V., Lucas Espinoza, Jonathan Quiñilaf, Miguel Parsons, Gustavo Colín, Fernando Díaz, Alexis Altamirano, Aldo Tacumán, Daniel Andrade, Kevin Catalán, Walter Saez, Bruno Felices, Damián Díaz, Maximiliano Terán, Agustin Ibañez Acuña, Jeremías Barroso, Jonathan Silva, Fernando Mariana y Walter Colazurdo.
Los defensores (todos de la Defensa Pública) Miguel Moyano, Miguel Lugo, Damián D´Antonio y Pablo Sánchez cuestionaron detalles de las imputaciones en su correlación con los hechos que describió Rivarola en cada caso. Esto mereció una serie de observaciones y de debate entre los representantes de los imputados y Rivarola.
La audiencia fue accidentada en cuanto a la posibilidad de su publicidad, teniendo en cuenta que en principio sería a puertas cerradas por estar imputados dos menores de 18 años de edad. A último momento, al no concurrir ambos, se habilitó la sala, aunque ya era tarde para la presencia de periodistas y fotógrafos, debido al inicio del debate. En el exterior, un centenar de manifestantes se hicieron oír en defensa de los imputados.
