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Se realizó la audiencia de formalización de la investigación en un legajo vinculado a la presunta comisión de delitos en la adjudicación de obras públicas y el otorgamiento de derechos sobre tierras fiscales. A pedido de la Fiscalía el juez otorgó el plazo especial para asuntos complejos.
Los fiscales a cargo de la investigación son Oscar Oro y Marcela Pérez. La Dra. Pérez fue designada por el Procurador General para colaborar en la investigación ya que por su complejidad requiere de una estructura mayor a la existente en la Oficina Fiscal de la Comarca.
La imputación fiscal diferencia dos hechos que tienen por imputados comunes a Miguel Castro, Gustavo Galindo y Néstor Becerra, en calidad de funcionarios públicos, encuadrados provisoriamente en los tipos penales de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Adjudicación de obras
El primero de ellos se refiere a presuntas irregularidades cometidas entre 2009 y 20013 en la adjudicación de obras a una empresa. «Las mencionadas adjudicaciones resultaron ser otorgadas sin respetar la legislación aplicable, siendo que varias de las Obras, por sus montos, y conforme las ordenanzas vigentes debían ser adjudicadas mediante licitación pública o privada, pero, sin embargo, fueron otorgadas en diferentes resoluciones emitidas por el Ejecutivo Municipal a la empresa mencionada por licitación privada o contratación directa, y muchas otras obras con montos que alcanzan a cifras millonarias, fueron desdobladas sin justificación técnica ni legal, ello a los efectos de partir y disminuir el precio y realizar adjudicaciones directas y evadir los procedimientos que hacen a la garantía de transparencia, evitando el procedimiento licitatorio», señala un párrafo del escrito fiscal.
Luego de detallar numerosas resoluciones, concluye el relato del hecho diciendo que «hasta el momento, y de la documentación recabada y la participación de los nombrados Hector Miguel Castro, como intendente de la localidad de Cholila, Gustavo Javier Galindo, en su condición de intendente interino de la misma localidad, y de Néstor Rubén Becerra, como Coordinador de Gabinete de ese Municipio, dictaron resoluciones contrarias a derecho y claramente parciales, entre al menos los año 2009 y 2013, interesándose en razón de su cargo en diferentes contrataciones con las que beneficiaron a los mismos intereses económicos.»
Tierras fiscales
El segundo hecho investiga el dictado de resoluciones mediante las que habrían otorgado indebidamente derechos sobre tierras fiscales. Además de los funcionarios, fueron imputados dos vecinos de Cholila como partícipes necesarios del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se trata de las personas en cuyo favor resultaron otorgados los derechos sobre las tierras fiscales.
«Estamos dentro de la ley»
De los cinco imputados solo uno hizo uso de su derecho a prestar declaración en la audiencia, aunque se negó a responder preguntas. Miguel Castro dio una extensa explicación sobre la motivación política que llevó a realizar las contrataciones del modo en que se le cuestionan en el primero de los hechos. Aclaró que en su gestión tomaron la decisión de hacer la obra «por administración», para asegurarse de dar empleo a personas de la comunidad. Contó que la disponibilidad de fondos llegaba lentamente y por ese motivo se fue haciendo frente a la misma con los recursos existentes y en la medida de lo posible. Resaltó que todas las obras fueron aprobadas por el Honorable Concejo Deliberante «entiendo yo que estamos dentro de la ley», afirmó. También agregó que del total de obras realizadas en Cholila, no llegó al 7% lo otorgado a la empresa que refiere la Fiscalía «¿dónde está el interés propio o de beneficiar a la empresa?», inquirió.
Castro señaló que el manejo de fondos fue revisado y aprobado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia y que si hubiera habido irregularidades merecería una interpelación política, no una investigación jurídica.
En relación al segundo Hecho, el ex intendente sostuvo que la sesión de tierras se realizó a nombre de la viuda, ya que tenía un poder otorgado por todos sus hijos. Agregó que lo que luego hizo la mujer con esos derechos es asunto de ella, de una particular y no puede achacársele al intendente.
Los partícipes
La Dra. Paola Bagnato representó a los ciudadanos imputados como partícipes necesarios del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La funcionaria judicial pidió que el fiscal aclare o amplíe el hecho imputado, ya que a su criterio no fue descripta la conducta de sus representados. También cuestionó la calificación legal, señalando que si no se trata de funcionarios públicos no puede achacárseles en ningún carácter el delito que se les imputa. Juan Colihueque, abogado de Castro, adhirió al planteo de Bagnato y pidió el sobreseimiento de su defendido.
Por su parte Fabián Gabalachis, abogado de Becerra, cuestionó el tiempo empleado entre la denuncia que dio origen a la investigación y la formalización de la investigación y argumentó deslindando responsabilidades de su defendido en los delitos que se le achacan. Para el letrado, el rol de Becerra fue de simple fedatario al refrendar resoluciones en calidad de Secretario. «Los tipos penales se dirigen al funcionario cuya intervención es de carácter ejecutivo», replicó. Finalmente pidió el sobreseimiento de Becerra.
Complejo
Un capítulo aparte de planteos y réplicas lo fue el pedido de tramitar el legajo como «asunto complejo». Al pedido fiscal se opusieron todos los defensores adhiriendo al argumento contrario dado por Gabalachis. La cuestión fue resuelta por el juez Martín O’ Connor de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía.
Abierta formalmente
El juez les explicó a los imputados que esta audiencia es simplemente para que la Fiscalía comunique a los imputados el marco general de la investigación, de forma comprensible. También aclaró que la acusación es progresiva y que se va complejizando en la medida en que avanza, por lo tanto en la audiencia preliminar habrá otros requisitos que en esta instancia no son exigibles.
En relación al planteo del Dr. Gabalachis, O’ Connor señaló que se trata de una lectura jurídica que en este momento procesal no puede llevarse a cabo sin producción de prueba y dictarse un sobreseimiento.
Respecto del planteo de Bagnato aclaró que el requisito del tipo penal es que a quienes se imputa la autoría del delito sean funcionarios públicos y en este caso ese requisito se cumple, por lo que pueden ser investigados como presuntos partícipes secundarios sus defendidos.
El juez rechazó los pedidos de reformulación de los hechos por considerarlos claros y también rechazó los pedidos de sobreseimiento. Decretó abierta formalmente la investigación y dispuso el plazo para asuntos complejos.
