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Sostuvo que «ir a las escuelas y retirar los medidores habla a las claras de una extorsión».
El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, se refirió a los cortes de luz que efectuó la Cooperativa Eléctrica de Trelew en distintos establecimientos escolares y sostuvo que la medida «es inadmisible e imperdonable»; al tiempo que desde la fiscalía de Estado se la intimó a abstenerse a realizar nuevos cortes y restablecer el servicio afectado.
Aseguró que «fue un atentado contra toda la comunidad» y en ese marco cuestionó a la entidad señalando que «ellos también tienen una deuda con la Provincia».
El mandatario efectuó las declaraciones luego de presidir en la Casa de Gobierno un acto en el que firmó convenios de precios acordados de la canasta escolar con diversas librerías.
Indicó que lo que hizo la Cooperativa en Trelew con las escuelas «es algo inadmisible».
«Yo lo que preguntaría es a que escuela van los hijos de los empleados o los directivos de la Cooperativa», expresó.
Arcioni afirmó que «es un atentado a toda la comunidad lo que hicieron, es inadmisible e imperdonable cuando en realidad también ellos también le deben a la Provincia y tendríamos que estar conciliando las deudas para ver quien le debe más a quién».
«Pero nosotros como siempre apostamos a diálogo, a la búsqueda de consensos», afirmó.
En ese sentido el mandatario dijo que «ir a las escuelas, sin previo aviso y retirar medidores, eso habla a las claras de una extorsión y van a quedar totalmente al descubierto porque son conductas inadmisibles».
Fiscal de Estado: Intimó a la Cooperativa
El gobierno de la provincia del Chubut intimó hoy (martes)a la Cooperativa Eléctrica de Trelew a abstenerse de realizar cortes del suministro eléctrico en dependencias del Estado Provincial y también a restablecer el normal suministro en todas las oficinas y dependencias que “se vieron afectadas por los cortes, que ilegítima y deliberadamente han sido realizados por esta entidad”.
El gobernador Mariano Arcioni se reunió esta mañana con el fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, y luego de ello el funcionario provincial envió una carta documento a la institución que preside Fabián Gómez Lozano, en la que además deja abierta la posibilidad de instar las acciones legales pertinentes “a fin de garantizar la prestación debida, tanto en el orden civil, como penal y administrativo”.
La intimación enviada por Martínez Zapata apunta a que la Cooperativa “se abstenga de interrumpir el normal suministro de energía eléctrica en cualquiera de las dependencias administrativas de la provincia del Chubut, especialmente en aquellas destinadas a la prestación de servicios esenciales a la comunidad, tales como nosocomios y demás centros dedicados a la salud pública, establecimientos asistenciales, educativos, de Justicia y Seguridad Pública”.
Asimismo la intimación apunta a “reestablecer inmediatamente el normal suministro de energía eléctrica en todas las dependencias del Estado Provincial que se han visto afectadas por los ´cortes´ que ilegítima y deliberadamente han sido realizados por esa entidad, los cuales han cobrado notoriedad pública a través los distintos medios de comunicación”.
“Le hago notar que la decisión adoptada de interrumpir el normal suministro de energía eléctrica en dependencias del Estado Provincial no sólo es arbitraria e ilegítima, sino que deviene en absolutamente contradictoria con la propia decisión de esa cooperativa de someter los eventuales desacuerdos en torno al pago de facturas supuestamente adeudadas, a la intervención de la Oficina de Mediación de Trelew”.
En ese contexto, Martínez Zapata confirmó que a ese efecto la provincia del Chubut “ha sido citada a concurrir el día 2 de marzo del corriente año, a los efectos de la pre-mediación”.
“Esa entidad es responsable de la normal prestación del servicio público de energía eléctrica en dependencias públicas provinciales, razón por la cual en caso de hacer caso omiso a las intimaciones arriba efectuadas, se instarán las acciones legales pertinentes a fin de garantizar la prestación debida, tanto en el orden civil, como penal y administrativo”, concluye la carta documento firmada por el fiscal de Estado.
