Luego de una serie de procedimientos, el martes a la noche se concretó la detención de tres personas, requerida por la Fiscalía y autorizada por el Juez Penal. El miércoles se realizó una audiencia en la que se discutió (durante más de cuatro horas) la apertura de la investigación y la imposición de medidas de coerción.
El robo en cuestión ocurrió el pasado lunes aproximadamente a las 7:00 hs. en una vivienda de la Belgrano, próxima a la plaza San Martín de Esquel. Tres sujetos, según los primeros elementos de la investigación serían los imputados (de 40, 25 y 17 años respectivamente), traspusieron el portón de reja que se encontraba cerrado con candado, rompieron un cristal de la puerta de acceso a la vivienda a la altura del picaporte y mientras uno quedó afuera de campana, los restantes ingresaron. En la casa descansaba el propietario. Al percatarse de los ruidos se levantó, fue hacia el comedor y allí se encontró con los intrusos, uno de los cuales portaba un cuchillo. Los asaltantes comenzaron a propinarle golpes de puño, lo tiraron al piso y lo pusieron boca abajo mientras le manifestaban “esto es un asalto…. dame la plata…. donde está la plata”, lo taparon con una frazada y le sustrajeron el dinero y un celular. Entre ellos hablaron de un arma de fuego y de la intención de matar a la víctima, entonces le exigieron que les indicara donde estaba el resto del dinero, la caja fuerte y las herramientas. El dueño de casa les dijo que no tenía nada más. Lo llevaron por la fuerza a su habitación, lo ataron y lo dejaron encerrado mientras revisaban el resto de la casa. Cuando constataron que no había más dinero ni otro objeto de valor que llevarse, se dieron a la fuga.
Provisoriamente el hecho fue calificado como robo con arma en poblado y en banda, con escalamiento y participación de un menor de edad.
La versión de los imputados
La investigación reunió algunos elementos objetivos que resultaron indicativos de la posible autoría de estos sujetos. Una identificación hallada en la casa de la víctima y el celular de esta en manos de la pareja de uno de los imputados. A esto se agrega que los tres responden, de modo general, a las características físicas informadas por la víctima.
Dos de los imputados son oriundos de El Bolsón y se encuentran temporalmente en Esquel por razones de salud de un familiar. Dijeron que desde su llegada a esta ciudad estuvieron bebiendo y que no tuvieron nada que ver con ese hecho. Respecto de los secuestros dieron una versión que indica que la documentación hallada les había sido retenida previamente y que el celular les había sido entregado por una persona de la que brindaron algunos datos. Sus dichos fueron corroborados por las parejas de dos de los imputados y por otra mujer que conocieron el fin de semana.
La apertura formal
En base a esos testimonios, el defensor público Marcos Ponce, se opuso a la formalización de la investigación por considerar que no hay elementos suficientes para su apertura. El planteo fue resistido por la fiscal Fernanda Révori, y el juez penal Martín O’ Connor resolvió favorablemente a la formalización de la investigación, instancia que les permite a los imputados interiorizarse de los elementos de cargo en su contra y ejercer adecuadamente su defensa.
Medidas de coerción
Révori expuso en detalle los elementos que dan cuenta de la probabilidad de autoría en cabeza de los imputados, indicando que los dichos y testimonios aportados en su descargo serán analizados y se evacuarán citas. Luego se explayó sobre la probabilidad de fuga. Basó su conclusión en el comportamiento procesal de los dos mayores de edad en otros procedimientos y en la fragilidad del arraigo, que consideró inexistente. Ambos imputados, tienen otros procesos en trámite y en proceso previos se declaró su rebeldía.
La fiscal también hizo mención al peligro de entorpecimiento procesal, influyendo sobre posibles testigos o entorpeciendo otras medidas de prueba restantes.
Respecto del menor, por su edad no tiene antecedentes penales, ni surge su nombre vinculado a otros procesos. A su respecto Révori pidió un arresto domiciliario en la casa de uno de sus progenitores, el que deberá ser garante de la medida.
Ponce se opuso al pedido. Sostuvo que no alcanza con la apertura de la investigación para contar con elementos de probabilidad de autoría suficientes para el dictado de una medida de coerción. Resaltó que no se cumple con dicho requisito, que no hay riesgo de fuga, que los imputados tienen arraigo y que no se evidencia como podrían entorpecer el proceso.
Sesenta días
El juez Martín O’ Connor compartió con la Defensa que es mayor la exigencia de probabilidad para el dictado de medidas que para admitir la formalización de la investigación y explicó por qué a su criterio esta exigencia se cumple. Puntualizó los elementos de cargo objetivos y ponderó la prueba testimonial que los pone en duda. Citó un fallo del Superior Tribunal de Justicia que indica que debe ponderarse con más peso a la prueba objetiva que a la testimonial cuando esta última proviene de personas del círculo afectivo de los imputados y resaltó que si así debe sopesarse luego de producido un juicio, más aun en esta etapa inicial del proceso.
Luego tuvo en cuenta fundamentalmente las declaraciones de rebeldía en otros procesos, para concluir que existe peligro de fuga respecto de los dos mayores y decidió dictar la prisión preventiva de ambos.
La situación del menor se resolverá el jueves con la presencia de su madre en una audiencia. El juez adelantó que comparte la propuesta de la Asesoría, representada por Miguel Contreras. El abogado propuso que el joven se mude al domicilio de su madre, que esta se responsabilice por él, con seguimiento del CAF de El Bolsón, institución que ya viene trabajando con esa familia.