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Hay dos funcionarios municipales de primera línea imputados
La Fiscalía investiga una maniobra con tierras fiscales realizada en el ejido municipal de Cholila en el año 2010. Este miércoles se formalizó la investigación en una audiencia a la que asistieron el fiscal Martín Zacchino, el representante de la querella, Marcelo Macayo y los dos imputados con su defensor Jorge Williams, además de los damnificados.
La Fiscalía describió el hecho indicando que se produjo entre el 15 y el 19 de abril del 2010, cuando Gustavo Javier Galindo, en su carácter de Intendente Interino de la Municipalidad y Néstor Rubén Becerra en carácter de Secretario de Gobierno, procedieron, a sabiendas de las obligaciones que la Ley Provincial Nº 3098 ponía a su cargo, a omitir en lo que era de su incumbencia la aplicación de la ley de tierras fiscales de la provincia del Chubut. Esa omisión se habría evidenciado al dictar las resoluciones nº
24/2010 y nº 25/2010, en las que se reconoció derechos posesorios sobre los lotes ubicados en la Circunscripción 3 – Sector 3 del Ejido (09) de la localidad de Cholila, individualizados catastralmente como Parcela 4 de la Chacra 11 con una Superficie de 74 ha 58ª 94 ca, y la Parcela 1 de la Chacra 16 con una Superficie de 7 ha 16ª 11ca pertenecientes a la familia Perry, a personas que jamás habrían ocupado las mismas. Posteriormente fueron transferidos esos derechos con la intervención de una escribanía de Esquel a una tercera persona a precio vil.
Por estos hechos se imputa el delito de violación de los deberes de funcionario público a ambos sindicados.
El defensor solicitó que la investigación preliminar se restrinja a quince días por el largo plazo transcurrido entre la fecha de constitución de querellante y la de la audiencia de apertura. También solicitó que se tome como la normativa que reguló los actos que se cuestionan, a la ordenanzamunicipal, no a la ley provincial.
Por su parte Zacchino se opuso a la reducción de plazo solicitada, calificándolo de irrazonable. Macayo adhirió al planteo fiscal y acentuó que la provincia no pudo controlar lo que se hizo en Cholila en este caso.
También señaló que la familia perjudicada pagó la tierra años atrás, lo que en otros casos fue valorado como derechos a la obtención de la escritura. El letrado señaló que la ordenanza otorga poderes omnímodos al intendente municipal sin respetar las ocupaciones previas.
Finalmente la juez Anabel Rodríguez entendió que mas allá de su postura personal, debe tener a la vista lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia en otros casos, y lo que establece la reforma del Código Procesal, indicando que el comienzo de la contabilización del plazo es a partir de la audiencia de apertura. Además solicitó a los acusadores que procuren acelerar la investigación para comprimir en la medida de lo posible la duración de la misma.
Respecto de la norma que debe tenerse en cuenta para analizar los hechos imputados, señaló que implica un análisis propio de otra etapa del proceso.
