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Toma Corralón: Justicia de Lago Puelo avaló reclamo de la Municipalidad


En el marco de la medida cautelar solicitada por la Municipalidad de Lago Puelo, el Juzgado  Único Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Familia, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de Lago Puelo a cargo del Dr. Guillermo Gregorio ordenó “a la personas que se encuentren ocupando las instalaciones del Corralón Municipal  permitir en forma inmediata  el libre acceso y disponibilidad de las mismas como de los vehículos, maquinarias, herramientas, materiales, muebles y útiles de trabajo, documentación y archivos pertenecientes a la Municipalidad de Lago Puelo”, autorizando el uso de la fuerza pública en caso de incumplimiento y la identificación de los ocupantes.
Recordemos que desde el miércoles 2 de enero, un reducido número de personas, en actitud contraria a derecho, concretó la toma ilegal de las  instalaciones, vehículos, maquinarias, herramientas y otros elementos del Corralón Municipal incluyendo las dependencias de  la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y oficinas de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Catastro, en oposición a la decisión legitima de la autoridad, municipal adoptada de conformidad con sus facultades y con disposiciones expresas de los contratos en cuestión.
La autoridad judicial dictó su resolución en la causa “MUNICIPALIDAD DE LAGO PUELO s/MEDIDA AUTOSATISFACTIVA”, en la cual se demostró que no se produjo despido alguno, sino solo vencimiento de dos (2) contratos (el 31 de diciembre último) que no se renovaron por razones de servicio. El 2 de enero los interesados no peticionaron a su superior la reconsideración de su renovación contractual y junto a unos diez compañeros peticionaron al Juez de Paz que informara al Intendente Municipal que procederían a la “retención de servicios”. Pero en lugar de ello procedieron por vías de hecho a apoderarse de las instalaciones municipales con todo su contenido que, a pesar de la resolución judicial, se niegan a restituir, afectando tanto el derecho al trabajo de quienes desean trabajar y no disponen de sus herramientas o del acceso a sus oficinas, como el derecho de propiedad de la Municipalidad sobre sus bienes y la normal prestación de los servicios y tareas municipales en perjuicio de la comunidad.
El Intendente Iván Fernández calificó de “reacción irracional y equivocada” la actitud de los trabajadores involucrados al no acatar la resolución de la Justicia.” 
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