Se sancionó por unanimidad en la Legislatura de Río Negro el proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se declara “Zona de Desastre Económico y Social”la región que conforman el Departamento de Bariloche y la localidad de Dina Huapi, por el lapso de 180 días, durante los cuales habrá asistencia provincial.
Además, esta aprobación es el paso previo a solicitar “al organismo nacional competente, la adopción de igual decisión”.
Con datos de las cámaras empresarias vinculadas al turismo, y de entidades privadas, se estima que entre 45.000 personas, con trabajos registrados o informales, “han visto caer sus ingresos drásticamente, llegando a ser nulos en una alta proporción”, porque el aislamiento vigente impide vuelos, colectivos y todo tipo de transporte, y mantiene las fronteras cerradas, lo que impide la llegada de turistas de Brasil, Chile, Europa y del resto del país.
El proyecto llegó al recinto (se trató sobre tablas), con la firma de la gobernadora Arabela Carreras, y con acuerdo de ministros, y en sus considerandos se destaca que se propone esta declaración “en relación a que los meses de julio, agosto y septiembre constituyen la temporada alta de mayor importancia en la Región Cordillera, tanto por el nivel de ocupación como por el gasto promedio del turista invernal -que es superior al de cualquier otra época del año- y que no hay fecha cierta de finalización de esta situación”.
Se resolvió apelar a la figura de “zona de desastre” porque se avizora que “las personas humanas y jurídicas que dependen del turismo no podrán hacer frente a sus obligaciones si no se toman medidas rápidas y concretas para evitar el colapso de gran cantidad de ellas y la consecuente pérdida de las fuentes de trabajo”.
Todo como consecuencia de la declaración de pandemia de coronavirus COVID-19 y del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que conlleva la prohibición de circular.
El concepto de “desastre” se adopta por ser la pandemia, surgida por la aparición del COVID-19, “un factor imprevisible e inevitable que por su intensidad y carácter extraordinario afecta especialmente a las áreas receptivas del turismo”.
La iniciativa, en su parte resolutiva, establece facultar al gobierno de Río Negro para “conceder los beneficios tributarios, totales o parciales a los contribuyentes” y al mismo tiempo plantea que “una vez declarado el estado de desastre Económico y Social, el Poder Ejecutivo Provincial deberá solicitar al organismo nacional competente la adopción de igual decisión en el orden Nacional”.
La legisladora Julia Fernández, vocera de la banca oficialista y oriunda de San Carlos de Bariloche, sostuvo que el aislamiento trajo como consecuencia “la caída del turismo” y hasta el momento la inexistencia “de la temporada invernal”.
Este escenario privó a la zona de ingresos por “unos 4.000 millones de pesos en concepto de alojamiento y otros 3.500 millones de pesos en gastronomía”, hecho que “impacta directa o indirectamente en miles de fuentes de trabajo, en familias, y en pequeñas y medianas empresas”, destacó la legisladora.
“Por eso me parece importante el momento para aprobar esta herramienta, que viene a complementar otras medidas ya tomadas por el gobierno para acompañar a la zona”, expresó Fernández.
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