El aumento de las tarifas en nuestro país se ha convertido en una de las preocupaciones principales para los argentinos. Poder afrontar un nuevo gasto en épocas de “sinceramiento” de precios ya no es solamente un leve ajuste en la economía de las familias argentinas, sobre todo cuando insumos básicos como el gas natural se vuelven imprescindibles para la vida cotidiana en lugares como la Patagonia, en donde se utiliza no solamente como calefacción de hogares particulares, sino que también resulta el insumo indispensable para la producción de energía eléctrica, afectando tanto a la red doméstica como al desarrollo industrial y comercial de la región.
La “regulación tarifaria” ha alcanzado niveles desproporcionados, en algunos casos se registraron aumentos del mil por ciento, motivo por el cual varios Municipios de la Patagonia Argentina prevén realizar un recurso de amparo, como una acción colectiva y paralelamente una medida cautelar que evite dichos aumentos.
La senadora nacional Miriam Boyadjian (Tierra del Fuego) y el senador Nacional Alfredo Luenzo (Chubut) han tomado cartas en el asunto elaborando un proyecto de ley que estipula retrotraer los valores de la tarifa vigente al 29 de Marzo del corriente año y el restablecimiento del “Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas” creado por la Ley 25.565 e indebidamente derogado por una resolución ministerial. En tal sentido, esos fondos ya se encuentran integrados y figuran en el presupuesto 2016/2017 con el objetivo de financiar específicamente las compensaciones tarifarias para la región.
La aplicación del proyecto presentado estipula también que las distribuidoras de gas natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario de toda la Patagonia, reestablezcan las tarifas diferenciales a los consumos residenciales, la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, tal cual lo establece la Ley.
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