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La medida de coerción se impone como un freno a la conducta procesal de un imputado que desobedeció sistemáticamente órdenes judiciales y que por esta circunstancia evidencia una peligrosidad que no puede ser neutralizada con medidas que dependan de su voluntad. La situación fue planteada en audiencia por el fiscal Carlos Díaz Mayer.
La audiencia de formalización de la investigación tuvo lugar el jueves. El fiscal se refirió al allanamiento del 15 de febrero en el que se secuestraron más de trece de armas largas y cuchillos, en el marco de una denuncia por amenazas en contexto de violencia de género a la actual pareja del imputado.
El 18 de marzo, la ex pareja del imputado y madre de sus hijos, con la que convivió 35 años, hizo una denuncia por malos tratos hacia ella, también denunció que en el marco de una discusión, el imputado le dijo que iba a matar a su pareja actual. También indicó que el imputado sacó de su casa tres armas de fuego. Se realizó un allanamiento en la vivienda del sujeto y se encontró una de las armas. El fiscal requirió al juez la detención, pero este no la otorgó en el contexto del allanamiento.
El 21 de marzo tuvo lugar la audiencia de formalización de la detención. Díaz Mayer pidió que se imponga prisión preventiva por el plazo de seis meses. Fundamentó su pedido en que el imputado fue condenado en diciembre a la pena de seis meses de prisión en suspenso, citó el allanamiento realizado en febrero con secuestro de gran cantidad de armas, las desobediencias a la prohibición de acercamiento que es parte de la condena, las nuevas amenazas y el hallazgo del arma en el último allanamiento. En caso de ser condenado por los nuevos hechos, el imputado cumplirá el plazo de la condena en prisión y se convertirá en prisión efectiva la condena anterior que originalmente fue de ejecución condicional, por haber cometido un nuevo delito.
El juez Ricardo Rolón, dictó la prisión preventiva por el plazo requerido por el fiscal.
