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Foto Daniel Feldman

  El gobierno presentó la denuncia penal contra el ex presidente de Lotería, Alberto Vargas

 Este jueves el fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, y el presidente del Instituto de Asistencia Social, Carlos Barbato, presentaron formalmente en la Procuración General en Rawson la denuncia contra el ex presidente del instituto Alberto Vargas, por negociación incompatible con la función pública y presunta comisión de enriquecimiento ilícito en concurso real con administración fraudulenta.

Previamente los mencionados junto al gobernador Mario Das Neves brindaron una conferencia de prensa en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno. También estuvieron presentes el Gerente General del organismo, Federico Verdeau, el gerente de Asuntos Legales, Martín Saavedra, el gerente de Juegos e Informática, Gastón Fandiño, y el coordinador de Relaciones Institucionales, Josue Dahur, además de los diputados provinciales Cristina De Luca y Mario Mansilla.

“Esta denuncia es muy fuerte y va a haber muchísimas más y muy duras”, aseveró Das Neves porque “nosotros vamos a aplicar el artículo 69, de devolver la plata que se robaron. Se han robado millones y millones”.

En este sentido señaló que “el nivel de impunidad y el asalto al Estado ha sido terrible” por eso aclaró que “este es sólo un paso”.

 Contrataciones irregulares

 Por su parte el titular de Lotería, Carlos Barbato aseveró que “tenemos toda la documentación respaldatoria para poder probar lo que estábamos diciendo y presentar las dos denuncias”.

“Una se llevó a cabo por la contratación que se realiza con una empresa, Noble Máquina Negro el 11” porque “es incompatible ya que dentro de lo que es el Directorio se encuentra un familiar cercano, directo del ex presidente”.

También “hay un montón de contrataciones de forma irregular como la adjudicación en forma directa del bufet del Bingo (Trelew) con un canon irrisorio de 3.000 pesos mensuales, el cual nunca fue abonado” y detalló que la misma empresa además “era proveedora de viandas por un valor de 90.000 pesos mensuales a Lotería” aclarando que eso en su momento “fue observado por el Tribunal de Cuentas”.

Además “la otra denuncia es por los monotributistas, que en el lapso de cinco meses facturaron más de 5 millones de pesos. Dejaron de lado todas las leyes de contrataciones habidas y por haber”.

Por último recalcó que “esto recién está comenzando, va a seguir adelante la intervención y la auditoría, pero Lotería  seguirá funcionando como debe ser”.

Denuncias

El fiscal de Estado Diego Martínez Zapata destacó que “trabajamos en la formulación y presentamos dos denuncias penales ante la Procuración General” detallando que una es por “negociación incompatible con la función pública, donde el ex presidente de Lotería, en su doble carácter de gerente general y presidente que ya es una irregularidad, soslayó todo tipo de normativa vigente en la contratación de la adjudicación del bufet del Bingo en Trelew, que se hizo en un concurso privado de precios, con tres firmas invitadas, donde está cuestionada hasta parte de la grafía en las ofertas donde se sospecha que pertenece también a Vargas, sin un acta de adjudicación”.

“Hemos planteado en esta denuncia que se investigue la presunta comisión de enriquecimiento ilícito, en donde Noble Máquina sería como un testaferro de Vargas, donde está conformada por la directora, que es su hija y empleada de Lotería también, prohibido por la ley; y Pinacho Santos (de nacionalidad mexicana) que es un ex empleado de la mujer de Vargas” precisó Martínez Zapata, agregando que también “entendemos que hay un presunto concurso real con administración fraudulenta y abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”.

En otro orden, “la última denuncia es respecto a irregularidades groseras en contrataciones directas, soslayando toda la normativa de contratación del Estado” ejemplificó que “se ha comprado una batidora de hogar y pagaron 12.800 pesos” y que se efectuaron “contrataciones directas de 70 y 80 mil pesos a monotributistas, generando un gasto de más de 5 millones de pesos”.

Al finalizar Martínez Zapata aseveró que “en caso que se abra la investigación, la Fiscalía de Estado y el IAS nos presentaremos como querellantes autónomos en estos procesos”.