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El Fiscal Francisco Arrien imputó a tres personas los delitos de privación de la libertad personal y daños calificados, por los hechos producidos hoy en la iglesia «Nuestra Señora de Lujan» de El Bolsón.
Se le atribuyeron a ellas haber sido quien, junto a otras personas aún no identificadas, ingresaron a la parroquia a partir de una maniobra ejecutada por dos mujeres que previamente solicitaron ingresar a los sanitarios.
Una de esta mujeres, fue quien abrió una de las puertas de acceso y permitió que ingresen unas doce personas aproximadamente, con sus rostros cubiertos. “Tres o cuatro de ellos tiran al piso al Párroco Ricardo Cittadini, quien logra escapar hacia afuera de la parroquia, quedando dentro de la misma el Fray Ariel Borras, sin poder salir”, explicó el Fiscal.
“Una vez adentro el grupo trabó con bancos de madera la puerta de ingreso a la iglesia, realizando pintadas con pintura roja en las paredes y en los símbolos religiosos, manifestando que querían tener una comunicación telefónica con el obispo de San Isidro ya que se iba realizar una audiencia por conflictos mapuches. Instantes después tres de los implicados fueron detenidos en la vía publica”.
El sustento probatorio reunido en las pocas horas que intermediaron entre el hecho y la audiencia de imputación se compone del acta de Procedimiento Policial, la denuncia realizada por el Párroco, quien tuvo el contacto con las dos mujeres que iniciaron la maniobra que permitió el ingreso del grupo, las diversas testimoniales relevadas al momento y el informe preliminar del Gabinete de Criminalística de El Bolsón.
Como medida cautelar se requirió la prohibición de contacto y acercamiento a los párrocos de la Iglesia y a las víctimas, “buscamos con ello pacificar el conflicto y desentrañar un conflicto más profundo en el marco de la investigación”.
El abogado particular de los imputados no manifestó objeción a los hechos aunque aclaró que es otra la teoría del caso y tampoco se opuso a la medida cautelar.
El Juez Sergio Pichetto tuvo por formulados los cargos, dispuso un tiempo de investigación de cuatro meses y calificó de “lógica la medida solicitada, por los hechos descriptos y por lo inminente de la investigación que recién comienza”. Detalló que acciones implica la prohibición de contacto y aclaró que cualquier violación a esta orden de acercamiento y contacto traería aparejado nuevos delitos y una medida cautelar más gravosa.
