Noticias de la Comarca Semanario Regional de la Comarca Andina
Tras el desalojo en Villa Mascardi del pasado martes 4, encabezado por las fuerzas federales que conforman el comando unificado, se incrementaron los operativos de seguridad y control en la región, especialmente en la zona de conflicto sobre Ruta Nacional 40 . En distintos puntos de la región y especialmente en la Patagonia desde distintas organizaciones sociales, sindicales y agrupaciones de pueblos originarios repudian y reclaman la liberación de las siete mujeres que fueron detenidas junto a sus hijos menores durante el operativo.
El comando unificado, fue creado por Resolución nacional 637/2022 firmada por el Ministro de Seguridad Anibal Fernández y actúa bajo órdenes del gobierno nacional , la misma establece que el mismo está “destinado a la gestión y coordinación interfuerzas de actividades preventivas del delito en la localidad de Villa Mascardi, Bariloche, provincia de Río Negro, comando que en su rol de auxiliar de los órganos del sistema de administración de Justicia, y bajo la coordinación de la Secretaría de Política Criminal, prestará colaboración en las diligencias que pudieran llegar a disponerse”.
El comando está conformado por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, según establece la norma. Al tiempo que en el territorio rionegrino se articulan acciones con la policía provincial.
Sobre la tarde del martes 4, fue el propio Ministro de Seguridad de la Nación el que aseguró por Twiter que «Se procedió a dar por terminada la usurpación. Ingresó la Policía Federal Argentina con el cometido de cumplir manda judicial. No ha habido ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño».
Tensa calma
Con un amplio despliegue de seguridad sobre la ruta 40, especialmente en el sector de conflicto , el clima que se vive es de tensa calma, con el transito habilitado y controlado lo cual se mantuvo durante el fin de semana largo.
De esta forma el comando unificado marca presencia a fin de impedir que a la zona llegue ayuda y/o apoyo a los miembros de la comunidad Lof Lafken Wincul Mapu que permanecerían ocultos en el bosque, montaña adentro. Sobre el cierre de esta edición era fuerte la versión de despliegue de fuerzas federales en la zona busca de los miembros de la comunidad.
Vandalizaron maquinaria vial
Este viernes se registró un hecho vandálico sobre dos máquinas viales perteneciente a centro invernal, complejo turístico Piedras Blancas, ubicado en una de las laderas del cerro Otto el cual se adjudica a la RAM. En el lugar se encontraron panfletos con leyendas mapuches, exigiendo la liberación de las siete mujeres que fueron detenidas en el marco del desalojo de Villa Mascardi.
Siete mujeres detenidas
Las mujeres detenidas durante el procedimiento de desalojo son: Betiana Colhuan Nahuel, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil, Débora Daniela Vera, Andrea Despo Cañuqueo, Florencia Melo y Romina Rosas. Los menores fueron entregados con la intervención del SENAF a familiares.
Según se supo cuatro de las siete detenidas -Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera-, fueron trasladadas en avión desde Bariloche, durante la noche del miércoles al Servicio Penitenciario Federal, en Ezeiza, por orden de la jueza federal subrogante Silvina Domínguez. En tanto las otras tres, permanecen en Bariloche, dos de ellas en periodo de lactancia alojadas en dependencias de fuerzas federales, y una tercera embarazada ingresó al hospital público con trabajo de parto para dar a luz.
La medida de traslado ya fue apelada por las defensas de las detenidas, que alertaron sobre la «falta de perspectiva de género» y la «pena adicional» que implica «llevarlas a 1.600 kilómetros de distancia de su grupo familiar».
Además, los abogados de las detenidas, Andrea Reile y Ezequiel Palavecino, advirtieron que los tratados internacionales «impiden agravar» la situación de las mujeres e instaron a «agotar todas las posibilidades -lo que no se ha hecho en autos- de alojarlas en algún lugar provincial o municipal adecuado en esta ciudad o resolver su situación procesal», según difundió el Parlamento Mapuche.
El expediente se abrió -con intervención de la fiscal Cándida Etchepare- a partir de la denuncia de nueve lotes usurpados en la zona de Villa Mascardi, uno de ellos perteneciente a Parques Nacionales y los demás, a particulares.
Renuncia de Gómez Alcorta
La ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presentó su “renuncia indeclinable” al cargo debido al accionar del gobierno nacional durante y después del desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. Esos hechos “me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”, subrayó la funcionaria en su misiva dirigida al presidente Alberto Fernández.
El mandatario aceptó la renuncia presentada por Gómez Alcorta, informó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.
Piden la renuncia de Aníbal Fernández
Desde el Consejo Indígena por la Zona Andina y el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas Co.De.C.I, se denunció “ cacería de mapuches” y elevo carta al presidente de la nación argentina, Alberto Fernández, solicitando el cese inmediato de las operaciones del comando unificado de seguridad que mantiene militarizada la zona de Villa Mascardi; la liberación de las siete mujeres mapuches las cuales son consideran presas políticas detenidas ilegalmente durante un proceso judicial viciado de nulidad, reza la misiva.
Además exigen la devolución a la Lof Lafken Winkul Mapu de su territorio comunitario, donde se encuentra el Rewe (sitio sagrado ceremonial) de la Machi Betiana Colhuan Nahuel.
Al tiempo que piden la renuncia del ministro de seguridad de la nación Dr. Anibal Fernández; y la puesta en marcha de una Mesa de Diálogo y Discusión Política con la necesaria participación del Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CoDeCI), la Universidad de Río Negro, la Universidad del Comahue y actores de la sociedad civil, para poder abordar los múltiples e históricos conflictos territoriales y la sistemática violación de los Derechos Indígenas y Derechos Humanos en la Provincia de Río Negro.
