También demandó el refuerzo de controles sobre los antecedentes penales del ingresante a un establecimiento público.
Durante una reunión mantenida con la directora del Hospital de Allen, Miriam Morales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) pidió que sea apartado del servicio de guardia el médico Rafael Orellana, condenado en 2018 a diez meses de prisión y a dos años de inhabilitación profesional por abuso sexual a una menor. Además, solicitó que se tome la misma medida ejemplar en el Hospital de Fernández Oro.
“Apenas nos enteramos de que este abusador trabajaba en la guardia del hospital de nuestra ciudad, solicitamos una reunión inmediata con la directora Morales. No puede suceder más que una persona inhabilitada a ejercer profesionalmente no sea advertido por las autoridades”, expresó Esterea González, secretaria general de la seccional Allen de ATE.
“ATE seguirá velando por la seguridad de nuestros trabajadores y de nuestro pueblo. Porque no sólo buscamos mejoras salariales, sino también construir una sociedad distinta”, agregó la dirigente.
“Sorprende el grado de encubrimiento sobre esta situación del director zonal de Salud, Daniel Aroca, quien permite la violación de la ley provincial 3487”, agregó por su parte Andrea Provata, secretaria administrativa de la seccional presente en la reunión junto a la titular de Finanzas, Nora Fernández.
La norma en cuestión señala en el capítulo dos que está impedido de ingresar a la administración pública provincial quien “haya sido condenado por delito doloso (…) o quien tenga proceso penal pendiente que pueda ocasionar estas condenas” y quien “haya sido sancionado con exoneración en la administración pública nacional, provincial o municipal”.
Además de pedir el apartamiento del hospital local, ATE replicó el reclamo para el nosocomio de Fernández Oro, donde Orellana también ejerció servicio de guardia mediante un contrato de acta acuerdo.
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