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Pasado el mediodía se llevó a cabo la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación respecto de siete personas detenidas en el predio ubicado en la intersección de la ruta 40 y el cruce a El Maitén, en Leleque. El juez Martín Zacchino declaró legal la detención de todos los imputados y dispuso que la Fiscalía inicie una investigación sobre malos tratos denunciados por los detenidos. La Fiscalía formalizó la investigación y contará con un plazo de seis meses para finalizarla, en relación a los delitos de usurpación, tenencia y portación ilegal de arma de fuego de guerra y abigeato agravado. Francisco Facundo Jones Huala que está detenido a disposición de la Justicia Federal, también cumplirá prisión preventiva por este proceso por un plazo de dos meses. Los otros seis imputados recuperaron la libertad.
A raíz de una investigación el viernes 27 de mayo se llevó a cabo un allanamiento en la estancia Leleque. La fiscal Camila Banfi sostuvo que se constató que en la casilla de ingreso por ruta ex N° 40 se encontraban dos sujetos, uno mayor y el otro menor de edad, que tenían en su poder un arma de fuego calibre 38 cargada con 6 alveolos y cartuchos a bala en tambor, de las que carecían de la documentación correspondiente.
En una de las casas se encontró a Facundo Jones Huala junto a una mujer, quienes además de permanecer usurpando el lugar, tenían en su poder armas impropias, gran cantidad de miguelitos y municiones y material de entrenamiento militar y táctico. Identificaron a otras nueve personas.
La imputación sostiene que estas personas se encontraban en plena faena de ganado mayor y menor: animales que habían sido arreados desde otros cuadros del predio por un total de 17 cueros con cabeza de animales ovinos con señal y 6 animales ovinos faenados, sustraídos recientemente del cuadro del puesto pescado ubicado en proximidades del predio ocupado. En ese puesto, el 3 de octubre de 2015 el puestero denunció que un grupo de encapuchados, entre cinco y seis personas, ingresaron violentamente al puesto con un revólver. El puestero fue sacado de su vivienda junto a su esposa y tres hijos menores, llevado al río donde lo obligaron a permanecer. Luego de un simulacro de ejecución lo pusieron en libertad. Después de este episodio debió dejar el lugar, por esa razón se perdió el control de los animales del cuadro.
Camila Banfi estuvo acompañada por el fiscal Oscar Oro. Al referirse a los hechos investigados sostuvo que el 13 de marzo de 2015 a las 10:45 hs. aproximadamente, Francisco Facundo Jones Huala junto a un grupo de personas de ambos sexos encapuchadas, ingresaron de manera clandestina a un cuadro de la estancia Leleque, ubicada en la localidad de Cholila, Provincia del Chubut, propiedad de Cia. Tierras del Sud Argentino SA, con la finalidad de asentarse en dicho lugar, colocando carteles en los alambrados que dan a la ruta N°40 con las inscripciones «fuera Benetton» y «territorio mapuche».
Que la maniobra fue advertida por el mayordomo de la estancia Leleque, quien radicó la denuncia y convocó al personal policial de la Sub Comisaría local, cuyos efectivos se hicieron presentes en el lugar y efectuaron una persecución de tres personas encapuchadas; a los que se les unieron diez personas más (también encapuchadas, con ondas y boleadoras) quienes expresaban que ellos eran los dueños de las tierras y comenzaron a arrojarles piedras, por lo que atento a la imposibilidad de cursar un dialogo con el grupo y siendo superados en número, se retiraron.
Al día siguiente se solicitó y autorizó una orden de allanamiento en el lugar de la toma, que permitió tomar contacto con el grupo que mantenía la usurpación, entre los que se encontraban Facundo Jones Huala quien manifestó al personal policial que «ahora se llevarían bien con ellos, pero que si los iban a desalojar, eso iba a ser un campo de batalla, que están dispuestos a morir por esa causa, que la naturaleza les daba las órdenes a ellos, que nacieron para defender esas tierras y se consideran un ejército».
La querella, representada por el Dr. Martín Iturburu Moneff pidió la restitución del predio y medidas de protección para los empleados de la estancia que viven en el predio, algunos de los cuales decidieron abandonar su trabajo por la inseguridad que se vive en el lugar a partir de la ocupación.
El pedido fue resistido por la defensa pública y por la abogada particular Sonia Ivanoff, quienes hablaron de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por las leyes específicas a los pueblos originarios, en tanto preexistentes al Estado. El juez Martín Zacchino rechazó el pedido de la querella y aclaró que el derecho penal es el último recurso cuando todas las otras vías fueron agotadas. En este caso señaló que no tiene ninguna noticia sobre el inicio del trámite civil por la posesión de la tierra por parte de los querellantes, pese a que pasó un año desde el comienzo de la ocupación.
