Noticias de la Comarca Semanario Regional de la Comarca Andina
El 5 de junio se formalizó la investigación por varios hechos que provisoriamente fueron calificados como coacción, atentado contra la autoridad agravado, y hurto. Solo una persona se sometió al proceso penal. Otras cuatro fueron identificadas, tres de ellas estuvieron presentes en esa audiencia pero negaron su identidad.
Los demás involucrados nunca permitieron que se los identifique, mostrándose encapuchados y resistiendo violentamente cualquier aproximación de la autoridad policial. Con estos antecedentes la Fiscalía solicitó la realización de un procedimiento sorpresa para proceder a la identificación de quienes permanecen en el predio. Todo debería quedar registrado mediante varias cámaras. La orden menciona el pedido del MPF a las máximas autoridades policiales, para “que adopten todas las medidas necesarias y se afecte el personal más capacitado, a los fines de resguardar siempre y en todo momento la integridad de las personas, su dignidad y derechos, evitando cualquier tipo de menoscabo físico que tornen la diligencia en abusiva o exagerada, haciendo uso de la fuerza en la medida estrictamente necesaria”.
El MPF decidió abortar la medida el martes a la noche, luego de verificar que tomó estado público. “Era esperado que hoy, al horario en que estaba programado el procedimiento, tuviéramos un número muy importante de personas, podíamos inferir que con mucha presencia de menores y mujeres, lo cual iba a dificultar seriamente el procedimiento y además elevaría el riesgo que procuramos evitar, en términos exponenciales”, dijo el fiscal.
El fiscal Fernando Rivarola ofició de vocero en la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por las otras dos fiscales también están afectadas a esta investigación: la Fiscal Jefe, María Bottini y la Fernanda Révori. Transcribimos textualmente lo expresado a la prensa:
Con base en todo lo documentado en el caso y fundamentalmente a partir de la negativa de las personas que llevaron a cabo una usurpación (en la voz de las personas que llevan a cabo esta ocupación: una recuperación territorial), de identificarse, ya que permanecen encapuchados y negando su identidad. La fiscalía ha llevado a cabo todas las medidas a su alcance para identificarlos por medios pacíficos. Hemos pedido la intervención de los organismos nacionales como provinciales, básicamente el INAI y también la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia, hemos hablado con las máximas autoridades. Las autoridades provinciales, se han constituido en el lugar e incluso ante las propias autoridades encargadas de la atención de los asuntos indígenas estas personas han negado su identidad y han manifestado abiertamente que resistirían cualquier acción de la justicia, lo que han demostrado incluso con atentados graves, con hechos que han sido calificados de daño, incendio intencional, incluso algunos de ellos con armas de fuego, atentados graves contra la autoridad policial… Todo está documentado en el legajo fiscal.
Todo el esfuerzo que hemos hecho, incluso peticionando en algún momento del proceso, la intervención de la defensa pública, para que estas personas acepten identificarse y básicamente ejercer los derechos constitucionales que tienen como cualquier ciudadano, esto ha sido imposible.
Por lo cual, habíamos peticionado para complementar en el día de hoy, un allanamiento en el lugar de los hechos, para identificar a las personas, para lo cual el juez nos había autorizado la detención a este solo efecto. Siempre hemos sostenido, que si hubiese existido una voluntad expresa de las personas que llevan a cabo estas acciones, de identificarse, jamás hubiésemos necesitado ninguna medida de fuerza ni de coerción.
Teníamos la autorización judicial para efectuarla hoy, en primeras horas de la mañana con luz solar, con personal capacitado. Habíamos requerido incluso la intervención de las máximas autoridades policiales, esto fue programado directamente con la Jefatura de Policía. El personal especializado lo dispuso la Jefatura de Policía dentro de sus facultades. El objetivo era proceder en la forma más segura posible para evitar precisamente daños personales, entonces se requirió el personal más calificado. Estimábamos que podía ser un operativo relativamente simple y fundamentalmente con el menor menoscabo jurídico a las personas, aun cuando era inferible que pudiera haber algún tipo de resistencia al accionar policial y la necesidad del uso de la fuerza.
En la tarde de ayer, de algún modo que los fiscales desconocemos, trascendió la información, tomó estado público, y esto determinó que los propios fiscales hayamos decidido dejar sin efecto la medida, es decir, no cumplir con la autorización judicial, dentro de las facultades que disponemos los fiscales.
Consultado por la prensa descartó que la intención fuera un desalojo. No estamos en condiciones de pedir un desalojo. La necesidad de la investigación es proceder a la identificación de las personas. No podemos seguir con este proceso si no sabemos quiénes son las personas que están en el lugar, quiénes son las personas que componen este grupo, que se autodenomina RAM, lof en resistencia, comunidades de Cushamen, etc., pero que en definitiva no hay personas que hayan asumido la representación, más allá de las personas que están identificadas.
Respecto de las personas que están identificadas, una sola concurrió a una audiencia, que es el señor Martiniano Jones Huala, respecto de quién el proceso está transitando sin inconvenientes. De las otras personas identificadas, tres se hicieron presentes en esa audiencia, no obstante el pedido de la Fiscalía, y el manifestado oralmente por el juez, negaron su propia identidad y hoy rige una orden de captura y detención, que podrán evitar en la medida en que se presenten voluntariamente y se ajusten a derecho, como cualquier otro ciudadano sin distinción.
El hecho de que tomara estado público, y conociendo la forma de organizarse del grupo que está llevando a cabo estas acciones, y además ya con información que empezó a trascender en las redes sociales, era esperado que hoy, al horario en que estaba programado el procedimiento, tuviéramos un número muy importante de personas, podíamos inferir que con mucha presencia de menores y mujeres, lo cual iba a dificultar seriamente el procedimiento y además elevaría el riesgo que procuramos evitar, en términos exponenciales. Riesgo que los fiscales de Esquel no estamos dispuestos a asumir. Lo que menos queremos es que haya consecuencias disvaliosas para la seguridad y la integridad de las personas. El uso de la fuerza solo se justifica en la medida de lo estrictamente necesario. De haberse realizado el procedimiento en el modo en que estaba planificado, en un modo sorpresivo, a primera hora de la mañana, sin mucha presencia en el lugar, quizás el uso de la fuerza hubiera sido mínimo, que era lo que esperábamos todos.
Rivarola recordó que los fiscales de Esquel fueron cuestionados en otras oportunidades, por no actuar en casos de usurpación, cuando han sido invasiones realizadas pacíficamente por integrantes de comunidades mapuche, y hemos sido cuestionados incluso públicamente y hasta en el Consejo de la Magistratura. Lo que pasa es que este caso es totalmente distinto, acá está acreditado el uso de la violencia, hay clandestinidad por parte de las personas desde el momento en que actúan encapuchados. Esto es algo que el orden jurídico no tolera para ningún ciudadano. Nosotros no podemos discriminar.
En el predio Santa Rosa Leleque hay una ocupación en la que intervine yo personalmente, donde yo mismo desestimé las actuaciones como usurpación y he sido cuestionado en aquel momento por esto. Por eso digo que este caso es totalmente distinto. A nosotros nos ha preocupado y de hecho somos tres fiscales los que estamos a cargo del caso y hemos tratado de agotar todos los recursos para evitar el uso de la fuerza. Llegamos a un punto en el que si no identificamos a las personas no podemos avanzar.
En el habeas corpus presentado, del que tomamos conocimiento en la mañana de hoy, los firmantes dicen que se trata de un grupo de personas no individualizadas pero identificables. Esto es precisamente lo que queremos, que las personas se identifiquen como cualquier ciudadano y ejerzan sus derechos, en el lugar donde hay que ejercerlo, que es ante el juez. El juez es el que va a decir si los fiscales estamos o no equivocados con nuestras imputaciones.
