Noticias de la Comarca Semanario Regional de la Comarca Andina
El Juez de Garantías interviniente dispuso que la restitución y desalojo de aquellas personas imputadas por el delito de usurpación se lleve adelante pasadas las 48 horas hábiles, del dictado de la resolución. Contemplando en ese plazo la posibilidad de que se retiren de manera voluntaria y pacífica. Todo ello atento a la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora como argumentos centrales.
Ordenó se emita oficio a la SENAF, tal lo requirió la Defensora de Menores a fines de realizar un relevamiento de la cantidad de niños, niñas y adolescentes y las condiciones en que se encuentran en el predio; en función de lo dispuesto en la Ley Provincial 4109.
Cabe recordar que continúa vigente la medida de no innovar hasta tanto se lleve a cabo el desalojo y restitución del bien.
La defensa pública penal que representó a los acusados que siguieron la audiencia desde el lugar en conflicto, rechazó la medida cautelar solicitada.
Entre los planteos de la fiscalía para sustentar el pedido se mencionó el peligro de que se consolide esta ocupación ilegal que han llevado a cabo con violencia mediante un ingreso masivo de casi sesenta personas desde un principio.
Agregó además que desde el Ministerio Público Fiscal se agotaron desde el día 20 de octubre todas las instancias posibles de diálogo a fin de establecer una solución pacífica, sin éxito. «No desconocemos que la realidad es compleja para todos, pero ello no justifica las vías de hecho, que nosotros no avalamos de ningún modo».
Agregaron además «que 48 horas hábiles es un plazo que entiendo razonable a fin de coordinar la realización del mismo con el protocolo correspondiente, dando intervención a los organismos respectivos y al Ministerio de Seguridad de la provincia de Río Negro».
El hecho objeto de esta audiencia
Se refiere a aquel sucedido el día 21 de octubre a las 13:00 horas cuando los imputados agrupados en convergencia intencional, aprovechando la ausencia de cuidadores, ingresaron al lote con la evidente finalidad de introducirse al inmueble a resguardo de ser descubiertos por sus cuidadores y/o personal policial que lo proteja. Sabiendo incluso que ese espacio pertenece al Municipio local y que está destinado a la construcción de una terminal de ómnibus.
«Los imputados ingresaron acompañados de otros menores y otras personas que no pudieron identificarse ya que refirieron no recordar su número de documento, siendo alrededor de sesenta personas. Estos ingresaron al inmueble invadiéndolo, levantaron carpas y toldos de nylon negros con postes de madera, realizando delimitaciones con marcaciones y desmalezando el predio con machetes y cuchillos».
Con este accionar según la acusación «los imputados habrían despojado del derecho real de posesión a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Negándose luego a irse del lugar y es allí donde también se materializa el acto violento de los imputados que no les dejaron opción a los poseedores ni a la Policía de Río Negro para evitar que éste acto se lleve a cabo».
