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El Ministerio Público Fiscal avanza en estos días en diversas medidas procesales para llegar al control de acusación de las cuatro mujeres integrantes de la «Lof Lafken Winkul Mapu» y sumar a dicha imputación a los restantes seis integrantes que no habían sido debidamente notificados.
El delito endilgado a las mujeres en la audiencia de formulación de cargos fue el de usurpación, por los hechos perpetrados en el lugar el 1 de abril pasado. La querella presentó dicha denuncia el 30 de septiembre y pocos días después se inició formalmente el legajo judicial.
Se les atribuye a ellas, junto con otras seis personas, haber sido quienes “ejerciendo violencia sobre el cuidador del lugar, le adelantaron que “ese sector era tomado por ellos y que no querían ver a nadie allí”. En ese contexto aclararon que “el problema era con los dueños y que provocarían daños en esas tierras porque les pertenece a ellos”.
Para arribar a la primera formulación de cargos, la Fiscal del caso obtuvo diverso sustento probatorio, entre él; la denuncia penal y el relevamiento fotográfico realizado por personal policial al que suman trabajo de campo efectuado por la unidad fiscal en la zona con drones e imágenes aportadas por los vecinos.
Suman a ello declaraciones testimoniales como la de referentes institucionales del Consejo de Comunidades Indígenas (Codeci) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) quienes destacaron que no obran registros de relevamiento alguno por lo cual no puede determinarse quienes integran la «Lof Lafken Winkul Mapu» y cuáles son sus roles; además del Dictamen de la causa federal iniciada en la sede de la Fiscalía Federal de Bariloche.
En relación a la medida cautelar de restituir el predio al Obispado de San Isidro que en la audiencia había sido solicitada por el Ministerio Público y por el abogado querellante que los patrocina, aún no se avanzó en la misma por requerimiento de la propia congregación.
En una nota recibida en la jornada de ayer y suscripta por su Vicario General, el Pbro. Mariano Caracciolo solicitan que “ante la posibilidad de hechos violentos”, se postergue “la restitución dispuesta”.
