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A partir de los dichos violentos y discriminatorios del legislador provincial de Juntos por el Cambio, Juan Martín expresados el pasado 5 de agosto en un medio rionegrino.
La delegada de Río Negro del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) Natalia Araya llamó a rectificar los dichos violentos y discriminatorios del legislador provincial de Juntos por el Cambio Juan Martín expresados el pasado 5 de agosto en un medio rionegrino. En la nota periodística, el funcionario desarrolló un extenso discurso de odio hacia el Pueblo Mapuche llamándolos “delincuentes”, “grupos de encapuchados violentos” y “malones del SXXI”, incitando y reivindicando la violencia y la persecución contra el pueblo históricamente vulnerado.
En la nota adjuntada en esta gacetilla y presentada ante la Legislatura provincial, la delegada de INADI conminó al dirigente de la oposición a abstenerse en lo sucesivo de formular declaraciones ofensivas para el Pueblo Mapuche y la sociedad toda, y lo alertó de posibles acciones legales respecto de la Ley de Actos Discriminatorios.
“Basta jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia, tanto locales como nuestra excelentísima CSJN, han reconocido el concepto de ‘ocupación tradicional’, y particularmente el respeto a la ‘cosmovisión mapuche’; todo lo cual no puede ser dejado de lado por quien ha sido electo por el pueblo para representarlos en la legislatura de la Provincia de Río Negro”, afirmó la Dra. Araya y puntualizó: “No puede dejar de mencionarse que bajo una supuesta idea de “orden” llevada adelante en la Lof Winkul Mapu, se ha terminado con la vida de Rafael Nahuel; circunstancia que hoy se encuentra en plena etapa investigativa”.
La preexistencia de los pueblos originarios al Estado Argentino se expresa en la normativa vigente, y los procesos de recuperación territorial se encuentran a su amparo. Las afirmaciones vertidas por el legislador demuestran no solo una mirada negacionista de la deuda histórica del propio Estado con los pueblos indígenas impropia a su cargo sino también un profundo desconocimiento de las garantías constitucionales que le corresponden a las personas que habitan el suelo argentino.
