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El sábado se llevó a cabo una audiencia de control de la detención y formalización de la investigación, en relación a un hecho de abuso sexual con acceso carnal que tuvo por víctima a una mujer de avanzada edad. La Fiscalía solicitó el dictado de la prisión preventiva por un plazo de 30 días para evitar el entorpecimiento de la investigación.
Pese a la oposición de la defensa, el juez entendió que las particularidades del caso y la gravedad del hecho, justifican el dictado de la prisión preventiva para garantizar que la investigación avance sin verse afectada y que la víctima pueda acceder a una respuesta judicial efectiva.
El hecho ocurrió el viernes aproximadamente a las 10:30 de la mañana, en el interior de un comercio. Una mujer fue a comprar y terminaría siendo víctima de una agresión sexual. La Fiscalía tomó conocimiento en horas de la tarde e inmediatamente dispuso la activación del protocolo de abuso sexual y las medidas de investigación. Para preservar las evidencias e impedir cualquier acción de entorpecimiento, el imputado fue aprehendido mientras se realizaba un allanamiento en el lugar donde habría ocurrido el hecho.
El procedimiento en el que se produjo la detención y la descripción legal del hecho, fueron oralizados en la audiencia por la funcionaria de turno, Julia Mateos y el Fiscal Marcelo Crettón. El hecho fue calificado provisoriamente por la Fiscalía como constitutivo de Abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño a la salud física o mental de la víctima.
El defensor particular Juan Zapata, objetó la necesidad de la detención en el momento en que se produjo. Ricardo Rolón, declaró legal la detención y abierta formalmente la investigación por el plazo de ley.
El Código Penal prevé una escala penal que parte de 8 años de prisión para este tipo de hechos. La Fiscalía resaltó la particular vulnerabilidad de la víctima, protegida por los tratados internacionales que fueron acogidos por nuestro ordenamiento legal, y el aprovechamiento de esta vulnerabilidad por parte del autor. Mateos resaltó que el imputado podría entorpecer la investigación estando en libertad y que es necesario avanzar sin obstáculos.
El defensor particular se opuso al pedido fiscal, planteando como medida alternativa el arresto domiciliario con autorización para continuar atendiendo en su comercio, al que debería ser llevado por la policía y luego retirado y dejado en su vivienda.
El juez, aclaró que el imputado debe ser tratado como inocente hasta que una sentencia firme establezca que fue responsable del hecho, pero que esto no impide que se disponga una medida de coerción. Valoró la gravedad del hecho, la especial vulnerabilidad de la víctima, la pena en expectativa y la necesidad de garantizar que no haya entorpecimiento para la investigación. “La víctima tiene derecho a tener una respuesta adecuada, por eso es necesario proteger el proceso”, sostuvo Rolón, dictando la prisión preventiva por el plazo de 30 días. Cumplido ese plazo se analizará si es necesario prorrogarla o no.
